Movimiento Ciudadano y la herencia del Mencho

Esto no es una columna. Es una acusación formal, y la firmo yo: Simón Levy, ante las autoridades de Estados Unidos.

Acuso a Movimiento Ciudadano como el paraguas político central de la herencia financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. No al sicario. Al techo institucional que administra el territorio donde ese cartel nació, creció y lava su dinero.

El hecho es duro y verificable. Jalisco, la casa del CJNG, lo gobierna Movimiento Ciudadano. Ahí están los resorts, los timeshares y la red de empresas que el Tesoro de Estados Unidos ya sancionó seis veces. Cuando el capo cae, el flujo no se apaga: cambia de operador y sigue necesitando lo mismo, un permiso, una ventanilla, una autoridad que mire para otro lado. Esa autoridad tiene partido. Y ese partido gobierna el estado sede del cartel.

El expediente empieza donde empieza el dinero. Y el dinero empieza en Jalisco.

Llevo esta acusación a Washington sobre los estatutos que ya están abiertos: Kingpin Act, apoyo material a una organización terrorista extranjera bajo 18 U.S.C. 2339B, lavado bajo 18 U.S.C. 1956, y en la capa política la extorsión por funcionario extranjero. No pido una condena. Pido una investigación.

Y no escondo la segunda capa: Morena gobierna la mayor parte del país, incluidos los estados donde la propia autoridad ya documentó infiltración, y en 2027 lo paga en las urnas. Pero el centro de esta acusación es el paraguas. Y el paraguas está en Jalisco.

Para entender esta acusación hay que entender una cosa: Movimiento Ciudadano y Morena no son dos proyectos. Son dos marcas del mismo aparato.

Movimiento Ciudadano opera como el proxy de Morena. Hereda sus cuadros, su operación territorial y su lógica de poder, y los recicla bajo un nombre distinto. Donde a Morena no le conviene aparecer, aparece Movimiento Ciudadano. El membrete cambia. La función es la misma: control del territorio y de la ventanilla.

El patrón es nacional, pero en Jalisco es nítido. Jalisco es la casa del CJNG y lo gobierna Movimiento Ciudadano. La marca cambia, la maquinaria no. La estructura que administra permisos, obra pública, seguridad local y padrón es la misma que opera en los estados de Morena. Distinto color en la boleta, mismo aparato en el poder.

El cartel no vota por partido. Vota por quien controla el territorio.

Y ahí está el punto que importa para esta denuncia. El crimen organizado no distingue siglas. Usa a Morena y a Movimiento Ciudadano de manera indistinta, según convenga al territorio. El CJNG, y ahora el sucesor financiero del Mencho, no necesita un partido. Necesita una autoridad local que mire para otro lado. Esa autoridad puede llamarse de un color o de otro. La función es idéntica.

Por eso la acusación no se detiene en una sigla. Acuso al aparato. Y ese aparato gobierna el estado sede del cartel bajo la marca de Movimiento Ciudadano.

El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, en Tapalpa, Jalisco. La operación tuvo apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Murieron 25 elementos de la Guardia Nacional y 8 miembros del cartel.

Lo que casi nadie conectó: tres días antes, el 19 de febrero, el Tesoro de Estados Unidos ya había golpeado al otro CJNG. No al de los rifles. Al de los resorts, los timeshares y la hospitalidad de lujo cerca de Puerto Vallarta.

Esa es la clave de toda esta investigación. Un cartel moderno no es una banda armada. Es una estructura financiera con un brazo armado. Le quitas el brazo y el dinero sigue moviéndose. La pregunta no es quién agarra el fusil. Es quién hereda las empresas.

Y aquí entra Washington con un manual nuevo. Durante décadas persiguió capos. Hoy persigue el dinero limpio y, sobre todo, a los funcionarios que lo protegen. Ese giro es el que pone a Morena frente al espejo rumbo a 2027.

El golpe del 19 de febrero no fue improvisado. Fue la sexta vez que OFAC sanciona a la red de fraude de timeshare del CJNG. La suma acumulada al cierre de febrero superaba las 90 personas y entidades.

El blanco esta vez: Kovay Gardens, un resort de 22 habitaciones frente al mar en Nayarit, a 45 minutos de Puerto Vallarta. Detrás, según el Tesoro, una máquina de fraude que operaba call centers para drenar los ahorros de turistas estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores.

Los sectores tocados por la designación dibujan el mapa del lavado: timeshare, bienes raíces, turismo, viajes, servicios automotrices, contabilidad y servicios financieros. No es un negocio. Es un sistema operativo económico incrustado en la economía formal de Jalisco y Nayarit.

La bala mata a una persona. La red de empresas sobrevive a cualquier funeral.

La autoridad federal mexicana informó que cuatro figuras sucesoras del CJNG están bajo investigación tras la muerte del Mencho. La estructura operaba por células regionales con autonomía táctica. Analistas de seguridad ya habían advertido que la caída del mando supremo podía desatar una disputa entre operadores regionales de mayor rango.

En el frente financiero, la pieza visible es Audias Flores Silva, el Jardinero, señalado como operador del fraude de timeshare. Fue detenido el 27 de abril de 2026 y enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos. Los sitios web del resort quedaron en negro. La capa de mando que cobraba desde los call centers fue golpeada.

Aquí está el punto que importa para el dinero. La sucesión criminal no se resuelve con un nuevo jefe. Se resuelve con quién controla las cuentas, las concesiones y la protección política local. El que herede las empresas necesita que las autoridades municipales sigan mirando para otro lado.

El trono del CJNG no se hereda con un rifle. Se hereda con una firma notarial y un permiso municipal.

El CJNG fue designado Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado en febrero de 2025. Eso no es retórica. Convierte cualquier apoyo material al cartel en delito federal bajo 18 U.S.C. 2339B, y abre el catálogo completo: lavado, Kingpin Act, las órdenes ejecutivas y, en la capa política, los estatutos contra el funcionario que exige o que protege.

Si quieres entender hacia dónde va la presión sobre la capa política, mira Sinaloa. En abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante de Morena, junto con otras nueve personas de su entorno, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya solicitó licencia al cargo a inicios de mayo de 2026. Ha negado las acusaciones de manera pública. Se presume inocente. Lo relevante para esta investigación no es el caso en sí, sino el modelo que inaugura: un gobernador en funciones, de un partido en el poder, dentro de un expediente penal federal de Estados Unidos.

Por primera vez, el riesgo no es para el capo. Es para quien firma desde el poder.

Semanas después, el Tesoro sancionó a más de una decena de capos y empresas de lavado del Cártel de Sinaloa. La secuencia es la misma que en el caso CJNG: primero el mapa financiero, después la capa que lo cubre.

El flujo financiero de un cartel necesita territorio. Y el territorio se administra desde el municipio: permisos, obra, seguridad local, padrón, ventanilla. Ahí es donde el dinero criminal y la política se tocan todos los días.

No es teoría. En mayo de 2026, la autoridad federal documentó la infiltración del Cártel de Sinaloa en ocho municipios de Morelos, estado gobernado por Morena. La Unidad de Inteligencia Financiera anunció el bloqueo de 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 morales, entre ellos presuntos presidentes municipales y funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla.

En el marco del Operativo Enjambre, fueron detenidos el presidente municipal de Atlatlahucan y el expresidente municipal de Yecapixtla, entre otros funcionarios, por su presunto vínculo con una red criminal. Todos se presumen inocentes.

La propia Presidencia lo reconoció. La presidenta Claudia Sheinbaum admitió, en palabras públicas, que han existido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada, y por eso impulsó facultar al INE para revisar perfiles de candidaturas rumbo a 2027.

Cuando el gobierno propone filtrar a sus propios candidatos, está admitiendo el tamaño del problema.

Aquí no se vale el atajo. El corazón financiero del CJNG, Jalisco, no lo gobierna Morena: lo gobierna Movimiento Ciudadano. Decir lo contrario sería falso, y un dato falso destruye una investigación entera.

La exposición de Morena no está en pintar de guinda a Jalisco. Está en algo más serio y más comprobable: Morena gobierna la mayor parte del país, incluidos los estados donde la propia autoridad ya documentó infiltración criminal en gobiernos. Sinaloa, Morena. Morelos, Morena. Nayarit, vecino del corazón del CJNG, Morena.

El argumento se sostiene solo: cuando un partido controla el territorio donde el Estado mismo reconoce infiltración, el costo político de cada designación extranjera recae sobre ese partido. No por ideología. Por aritmética de gobierno.

En 2027 se celebran las elecciones intermedias de la segunda administración de Morena. El partido buscará preservar y ampliar su poder territorial. Y lo hará bajo una presión doble que ningún partido mexicano había enfrentado antes.

La consecuencia es medible. Cada acción extranjera contra un funcionario validará la narrativa de la oposición y desgastará la marca del partido gobernante. El reloj de Washington y el calendario electoral mexicano se cruzan en 2027. Por eso el propio gobierno empuja una reforma para que el INE pueda filtrar candidaturas. Sabe lo que viene.

No es un riesgo de seguridad. Es un riesgo de urna.

Guadalajara, capital de Jalisco y corazón del CJNG, es sede de cuatro partidos del Mundial 2026 en el Estadio Akron, entre el 11 y el 26 de junio. Jalisco espera alrededor de tres millones de visitantes. El FIFA Fan Festival proyecta hasta 65,000 personas por día.

Eso significa atención global garantizada sobre el territorio donde la sucesión financiera del cartel está abierta, justo cuando el Tesoro y el DOJ tienen el expediente caliente. La ventana de relevancia no es de meses. Es de días. El último partido en Guadalajara es el 26 de junio.

El mundo va a mirar Jalisco. La pregunta es qué va a ver.

Esta investigación no acusa a un partido de ser un cartel. Sostiene tres cosas comprobables y documentadas por autoridad.

Uno. La muerte del Mencho no apaga la estructura financiera del CJNG. OFAC ya la mapea desde hace seis rondas y la sucesión del flujo, no del fusil, es lo que define el control.

Dos. El modelo de Estados Unidos pasó del capo a la capa política. El caso del gobernador de Sinaloa, militante de Morena e imputado por el DOJ, es el precedente vivo.

Tres. La bisagra es el municipio. La propia autoridad mexicana documentó infiltración en gobiernos municipales de estados gobernados por Morena, y la Presidencia lo reconoció al proponer filtrar candidaturas rumbo a 2027.

La conclusión es de análisis, no de sentencia: en 2027, cada acción financiera de Washington contra un funcionario se convierte en un hecho electoral mexicano. Esa es la herencia real del Mencho.